Columna del escritor y columnista político publicada en Ex-Ante.
La crisis que puso al ministerio de Justicia en el ojo del huracán es la prueba más compleja enfrentada por el gobierno, debido en particular al componente de inconsistencia moral que los opositores han tratado de probar en las decisiones de La Moneda. Para recuperar autoridad, el gobierno necesita mostrar coherencia en el terreno de los valores en juego.
No era claro qué lecciones habían sacado el presidente y sus colaboradores de lo ocurrido a partir de la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales contra menores, cuyas repercusiones sociales y políticas alentaron la percepción de que el gobierno carecía de brújula y dieron pie a la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Hoy, parece surgir una lección: la política exige no solo tener razón, sino también astucia táctica, sagacidad para enfrentar a los adversarios. Es lo que se desprende de la decisión de Kast de propiciar la derogación de la Ley 19.856, de 2003, que permite la rebaja de condenas.
Al mismo tiempo, el mandatario ratificó su respaldo al ministro Rabat y desafió a los partidos que anunciaron la acusación en su contra a presentarla de una vez para que el Congreso discuta sus fundamentos y adopte una decisión al respecto. Se trata de una apuesta arriesgada, pero que probablemente parte del análisis de la precaria base constitucional y legal en que se sostiene la acusación, y también en el cálculo de votos en el Senado, que podría hacerla naufragar.