Columna de la Premio Nacional de Historia y del exministro de Justicia publicada en el diario El Mercurio.
Juan Aliste, condenado por el asesinato de un carabinero, falleció de cáncer en un hospital penitenciario. El caso ha permitido reinstalar el problema de las personas privadas de libertad y su derecho a una muerte digna, facultad que hoy recae en el Presidente de la República a raíz de su atribución constitucional de conceder indultos particulares.
La dignidad de las personas privadas de libertad es una condición que obliga al Estado sin restricciones y que, por ello, incluye a aquellas condenadas por delitos comunes, de lesa humanidad y terroristas. La pregunta, en consecuencia, es compleja porque no solo involucra al indulto, sino a las condiciones de cumplimiento de condenas para poblaciones que requieren atenciones específicas. Obliga, en consecuencia, a discutir en qué condiciones el sistema penal y penitenciario defiende adecuadamente la dignidad de las personas que están bajo su cuidado, quiénes son las autoridades a las cuales corresponde tomar una decisión que implica evaluar adecuadamente el beneficio a otorgar, y cómo se debe proceder.
Es importante asumir que el indulto no solamente asigna al Presidente una enorme responsabilidad, sino también un poder discrecional que puede prestarse tanto a presiones indebidas como a arbitrariedades. Con razón los presidentes han exhibido excesiva cautela antes de ejercerla, especialmente desde el retorno de la democracia, cuando han sido interpelados a tomar tales decisiones respecto de personas condenadas por los crímenes de la dictadura. Lo anterior, no obstante, solo confirma la necesidad de enfrentar una discusión que está pendiente.
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