Columna del exministro de Justicia publicada en el diario La Tercera.
El incremento de la delincuencia juvenil, incluyendo a menores inimputables bajo 14 años, genera una reacción comprensible. Pero la justa indignación no puede llevarnos a legislar con la emoción del instante, adoptando el camino popular del aumento de penas o del trato de adolescentes como si fueran adultos.
No miremos para el cielo: mientras la sociedad entera, liderada por el Estado, no asuma esta realidad y gatille una respuesta integral, no habrá más que parches que adormecerán conciencias hasta que nuevas oleadas criminales nos despierten.
En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente desde 2007, fue acompañada de una disminución sostenida de la delincuencia juvenil durante más de una década. Los recientes brotes -preocupantes por su violencia e intensidad- obligan a revisar la norma, pero no solo desde la perspectiva punitiva. Así, por ejemplo, debemos hacernos cargo de los infractores menores de 14, pues en la actualidad no hay programas que traten su delicada situación, dejándolos en el limbo desde el cual salieron a delinquir. De igual modo, en el tramo de 16/17 años es posible revisar su responsabilidad en ciertos delitos gravísimos, pero con el fin de asegurar espacios de tiempo mínimos de custodia que permitan alcanzar procesos de recuperación e integración efectivos.