En la sesión ordinaria de mayo, el académico de número Jorge Correa Sutil y el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández examinaron las propuestas de reforma al sistema de nombramiento de jueces y debatieron sobre los mecanismos más adecuados para fortalecer la independencia, la transparencia y la calidad del Poder Judicial.
El pasado lunes 25 de mayo de 2026, la Academia celebró su sesión ordinaria del mes, en la que expusieron el miembro de número, Jorge Correa Sutil, y el expresidente del Senado, Hernán Larraín Fernández, quienes reflexionaron sobre los mecanismos de selección, promoción y gobierno judicial, examinando las propuestas de reforma actualmente en discusión y sus implicancias para la independencia y legitimidad del sistema de justicia.
El primero en intervenir fue el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien señaló que “en el plano operativo, la independencia judicial descansa en tres garantías fundamentales: un adecuado sistema de nombramientos, la estabilidad e inamovilidad en el cargo y la protección frente a presiones externas. ¿Qué nos ha ocurrido y por qué hemos llegado a la necesidad de revisar nuestro sistema de nombramientos, recientemente cuestionado por el caso Audio, aunque sus problemas se arrastran desde hace mucho tiempo? A mi juicio, nuestro sistema padece deficiencias muy graves que, de una u otra forma, han terminado por explotar”.
Asimismo, agregó que “en Europa existe una organización de Consejos de Justicia que evalúa y trabaja permanentemente estas materias. […] Sin embargo, veo problemas extraordinariamente graves en estos organismos, derivados de su conformación. Uno de ellos es el corporativismo judicial, pues los propios jueces tienden a apropiarse de estas instancias, generando situaciones de endogamia, manejo interno y control gremial dentro del Poder Judicial. […] Finalmente, la falta de transparencia es otro elemento que considero especialmente preocupante”.
Al concluir su exposición, Larraín advirtió que “no existe un modelo único y las distintas fórmulas que se han intentado presentan ventajas y desventajas. El sistema que hoy tiene Chile, a mi juicio, no puede subsistir y requiere una transformación. Los Consejos de Justicia no parecen ser el camino; de hecho, en varios países se está evolucionando hacia fórmulas más cercanas a lo que denomino ‘órganos autónomos’, encargados de las funciones no jurisdiccionales. Ese modelo puede ser más adecuado en la medida en que opere con autonomía, independencia y responsabilidad, y cuente con integrantes que ejerzan sus funciones por períodos limitados, evitando así la concentración excesiva de poder”.
“Me parece que el actual sistema de selección y promoción de jueces encuentra sus mayores deficiencias en la falta de una adecuada evaluación de desempeño”
Posteriormente, intervino el académico de número Jorge Correa, quien sostuvo que “el sistema de selección y promoción de jueces que tenemos debe evaluarse en función de sus resultados, es decir, si ha permitido contar con jueces probos, competentes y diligentes. […] Chile, habitualmente junto a Uruguay, se ubica entre los tres primeros lugares en los indicadores relacionados con judicatura y Estado de Derecho, y con frecuencia ocupa el primer puesto en aspectos como el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de otros poderes del Estado, la solidez y estabilidad de la carrera judicial, la independencia de los tribunales, la probidad y el acceso a la justicia”.
Asimismo, afirmó que “personalmente considero que la creación de un Consejo es una muy mala idea y, en este punto, discrepo frontalmente de la postura de Hernán. Que una sola Comisión Nacional nombre a todos los jueces del país, cualquiera sea su jerarquía, especialidad o ubicación geográfica, no me parece adecuado, porque supone —erróneamente, a mi juicio— que un mismo grupo de personas estará en condiciones de determinar las necesidades del juzgado de familia de Arica, de un tribunal de garantía de Santiago, de la Corte Suprema o de un juzgado de jurisdicción común en Puerto Williams”.
En sus palabras finales, Correa enfatizó que “las principales deficiencias del actual sistema de selección y promoción de jueces radican en la falta de una evaluación de desempeño adecuada, algo a lo que los propios jueces suelen resistirse, y en la manera en que el Senado ejerce sus atribuciones en esta materia. Ninguna de estas cuestiones es abordada por la reforma actualmente en trámite, que responde a un diagnóstico antiguo sobre el corporativismo judicial y a los intereses de jueces que buscan desvincularse de la dependencia respecto de sus superiores, una situación en la que, personalmente, no observo aspectos negativos”.