Carta del Comité Permanente de obispos chilenos.
1. Los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años, son motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país. En ellos están involucradas personas de distintos ámbitos, pero resultan especialmente graves cuando se refieren a autoridades públicas y a organismos del Estado, que por su naturaleza están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables. Los pobres son los grandes perjudicados con estas conductas y ello debe ser motivo de una fuerte condena social. Más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones.
2. Como sociedad debemos ser conscientes que estos procesos de corrupción vulneran muy gravemente la justicia social y son motivo de un aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica. Así mismo, destruyen los vínculos de solidaridad entre las personas y fomentan el relativismo moral que hace perder el sentido de comunidad, de pertenencia a una misma sociedad y, al final, da lugar al egoísmo como regla esencial del actuar humano.
