El académico de número aborda la crisis de seguridad en los colegios, en su columna del diario Estrategia.
La situación de seguridad en los colegios está alcanzando un peligroso punto crítico que debe abordarse con decisión puesto que está poniendo en juego la integridad física y hasta la vida de los miembros de la comunidad escolar. El asesinato de una inspectora de colegio ocurrido en Calama, a manos de un estudiante, pone de relieve, sin recurrir a excesivo dramatismo, lo que está ocurriendo y los riesgos que corren maestros, funcionarios y estudiantes. Desde luego, hay aquí envuelto un tema policial que debe dejarse en las manos de los organismos competentes, los cuales debe arbitrar medidas para garantizar la seguridad de quienes acuden a las instituciones educacionales a buscar un beneficio en cuanto a potenciar las oportunidades que abre la educación. Seguramente será necesario recurrir a los métodos de control más convencionales y que ya se practican en actividades de todo tipo que congregan a personas venidas de distintos medios y diversas realidades. Es cierto, estos controles (revisión de mochiles, máquinas de rayos x, etc) son de alguna manera contradictorios con los propósitos educativos que deben auspiciar las entidades de ese ámbito. Pero el objetivo de brindar seguridad debe primar por sobre cualquiera otra consideración, puesto que eso figura prioritario para los miembros de la comunidad escolar y sus familias.
Pero lo más graves es que los hechos de violencia conocidos han despertado una verdadera oleada de amenazas que ha recorrido el país y todo tipo de instituciones. En cierta forma, esto se ha constituido en una especie de “moda” auspiciada por las redes sociales que actúan como depositarias de noticias y también como fuente de incentivos e ideas para emprender intimidaciones sobre posibles hechos de similar naturaleza. Fenómeno complejo que cruza realidades sociales y geográficas y se constituye en real amenaza para toda una comunidad escolar. Seguramente la inteligencia policial ya está desarrollando acciones para detectar oportunamente a los promotores y practicantes de esta nueva versión de la violencia escolar. Sin embargo, el sistema judicial no está plenamente preparado para llevar adelante los procesos y las penas que ameritaría la conducta detectada. Pero aquí es donde debe intervenir la familia, haciéndose responsable, en primer lugar, de las conductas amenazantes o abiertamente reñidas con la seguridad del medio escolar. Ello debe ser parte del contrato suscrito por la prestación del servicio educativo. Sin ninguna duda el tema de la salud mental juega aquí un papel determinante, haciendo necesario la adopción de una clara política de derivación de los casos detectados.