El académico de número reflexiona sobre los problemas estructurales y persistentes del sistema educativo chileno en su columna del diario Estrategia.
Mucho se ha insistido en los problemas que arrastra la educación chilena. Los mismos se ven infortunadamente ilustrados por las acciones violentistas de grupos de personas que actúan desembozadamente en colegios públicos de Santiago. Se trata allí de problemas de organización y control, más relativo a temas de seguridad que al ámbito estrictamente educativo. Es en este último ámbito, sin embargo, donde subsisten problemas de orden más general y que no son abordados en la discusión política de modo explícito, puesto que requieren compromisos que van mucho más allá de un período presidencial o de la propia actividad legislativa. Tales problemas, sin embargo, requieren una acción basada en una propuesta definida que se pueda sostener a lo largo del tiempo, la cual no se registra en el debate político. En primer lugar, el problema no parece radicar esencialmente en un posible desfinanciamiento, ya que según las estadísticas comparativas Chile emplea en educación aproximadamente el mismo monto de recursos, como proporción el PIB que los países que encabezan la lista en la OCDE. Es cierto: gran parte del financiamiento es privado, mientras que la mayor parte de esos recursos van a educación superior en desmedro de los niveles educativos preescolar, básico y medio. Por ello, hace falta un diagnóstico en específico sobre esta materia que se ha constituido por medio de decisiones políticas sucesivas, como es el caso de la gratuidad de la educación superior que ha atentado contra el mejor desempeño y cobertura de los otros niveles educativos. Este es algo que requiere discusión y diagnóstico, especialmente cuando se planea un nuevo proyecto (FES) que significa una aún mayor carga para el Estado en beneficio de la educación superior.