El académico de número reflexiona sobre la incapacidad de los políticos para resolver los conflictos de los últimos 30 años en su columna del diario Estrategia.
A partir de 1990 y por casi 30 años Chile experimentó un tránsito muy destacable hacia su desarrollo económico. Se han enumerado con insistencia los logros del país en términos de crecimiento, menor inflación, acelerada inversión, desarrollo del sector exportador y disminución de la pobreza, junto con mejoras pequeñas pero relevantes en materia de distribución del ingreso. Logros importantes que nos pusieron a la cabeza de Latinoamérica en temas económicos, y nos llevaron cerca de los límites que marcan la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. Por eso fue tan injusto cuando se hablaba de “los últimos 30 años” como una mala etapa en nuestra historia económica, mientras que las protestas iniciadas a fines de 2019, indicaban las materias que habían sido dejadas de lado. En efecto, la masividad de esas protestas se asociaba a las debilidades significativas presentes en nuestra realidad social y económica en aspectos referidos a salud, educación, seguridad ciudadana y sistema de pensiones. El reclamo versaba sobre el rezago que estas variables habían experimentado en las decisiones políticas sucesivas a partir de 1990.
La política dejó de lado esos temas porque en su mayoría respondían a condiciones de largo plazo, nunca consideradas dentro de las agendas cortoplacistas de un sistema político que privilegiaba los procesos eleccionarios antes que nada. Nuestros políticos no fueron capaces de diseñar un plan adecuado en las materias indicadas y, en particular, dejaron de lado la necesidad de recuperar una educación que el país necesitaba para evitar lo que hoy es ya un triste hecho: analfabetismo funcional, ignorancia diseminada por doquier, escasa formación valórica y nula formación ciudadana. En salud, pese a avances significativos, siguieron existiendo filas impresentables y condiciones desmedradas para atender a quienes acuden a la salud pública. Demás está decir que, también debido a la gestión de los políticos, el país se ha llenado de inmigrantes ilegales y ha cundido además, una delincuencia nunca antes vista, que venía en desarrollo durante esos 30 años de “éxito” en muchos campos relevantes. Asimismo, las pensiones nunca fueron objeto de un estudio y propuesta que ameritara discusión y decisión a nivel del parlamento nacional. La gestión de nuestros políticos se dedicó a vestirse de los éxitos que se estaban logrando en materias económicas importantes, pero se dejó de lado aquello que es esencial para el ciudadano, quien debía sentirse beneficiario de tales éxitos y no sólo parte de un fracaso persistente en nuestra realidad social. Junto a esto, la justicia no otorgó un castigo merecido a los hechos de corrupción y desatención de las reglas éticas mínimas que deben primar en una sociedad, creándose una idea de justicia favorable para los privilegiados.
