En su columna de El Mercurio, el académico de número advierte sobre los riesgos de que el Estado pierda su rol fundamental como garante del orden y la convivencia.
Los momentos tristes o cabizbajos suelen ser opacos o grises, o carentes de interés, salvo para los sujetos directamente concernidos; pero hay ocasiones en que en esos momentos refulge la verdad.
Es lo que acaba de ocurrir con Javier Etcheberry, el, a estas alturas, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, quien, en la hora del balance de su gestión, declaró algo cuya importancia es difícil exagerar: el Estado, dijo, no tiene el monopolio de la fuerza.
Un diagnóstico como ese puede resultar plausible dicho por un analista o un sociólogo o un observador cualquiera de la realidad nacional. Dicho por quien conducía una de las unidades más altas del aparato estatal, no es plausible, es una verdad flagrante, una revelación alarmante. Si hay una dimensión del Estado donde se manifiesta el rasgo más íntimo que lo constituye, esa es la del cobro de impuestos. Como los impuestos son una extracción coercitiva de rentas, ellos requieren de la capacidad del Estado para, si es necesario, imponerlos por la fuerza o perseguir o detectar, empleando la fuerza si es necesario, a quienes los eluden o los evaden.
Pero he aquí que el director de la unidad encargada de extraer coercitivamente renta a los ciudadanos declara que, de acuerdo con su experiencia (que la tiene), el Estado carece de la capacidad de ejercer la coacción.