En su columna de El Mercurio, el académico de número critica el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno de José Antonio Kast.
Se ha reparado poco en lo que significa el proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno y cuán modesto es su autor, al extremo que se resiste a reivindicar su obra. Se trata de un conjunto de reglas que pretenden dotar al Presidente, durante 240 días, del poder unilateral de suspender o restringir, a su arbitrio, derechos fundamentales. Presentado ese proyecto, y frente a algunas voces de su propio sector que se le opusieron (aunque durante unos días mantuvieron un pudoroso silencio), el Gobierno ha manifestado su voluntad de modificarlo.
Esos son los hechos. Y la gravedad que revisten es flagrante.
Porque no cabe duda de que quien lo ideó, el Presidente y los ministros que firmaron el proyecto —salvo que al hacerlo estuvieran bromeando— pensaban que lo que él contenía era correcto, que entregar tamaño poder al Presidente y restárselo al Congreso y privar de derechos a los ciudadanos durante ocho meses, estaba bien, que era lo adecuado, lo que correspondía. Es decir —salvo que el proyecto fuera una broma frívola o que ninguno de quienes lo firmaron lo entendiera, hipótesis que por ofensiva hay que descartar—, el proyecto representaba la convicción de quienes pusieron su firma en él. Es inevitable imaginar a los ministros y al Presidente comentando su contenido y felicitándose, al final de la dura jornada que hubieron de ocupar en redactarlo, por las ideas que él contenía.