El académico de número analiza la cultura política en Chile, a partir del conflicto generado por el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres, en su columna de El Mercurio.
Una forma de medir la calidad de una cultura política o, lo que es lo mismo, la forma en que quienes forman parte de ella conciben sus deberes, es la disposición a tomar la responsabilidad por las propias decisiones, decir, fui yo quien decidí tal o cual cosa a la luz de tales o cuales razones.
El caso de las isapres es un buen test.
El problema —no hay que olvidarlo— se desató cuando la Corte Suprema en un fallo polémico se inmiscuyó en cuestiones de política pública. Arguyendo que los derechos constitucionales eran razones finales para las decisiones, los sobrepuso al Derecho legislado y emitió una decisión de alcance general que prescribía la devolución a los afiliados de lo que en su opinión eran excesos. Las fuerzas de gobierno —no sería honrado ocultarlo— vieron la oportunidad de sacar las castañas con mano ajena e hicieron caso omiso de los problemas institucionales que planteaba. El paso siguiente —cuando se vuelve la vista atrás— es increíble. La Corte Suprema estableció plazos para la dictación de una ley que permitiera a la Superintendencia hacer cumplir ese fallo. Sin exagerar, es como si la iniciativa de ley se hubiere radicado, por momentos, en el Poder Judicial.
