Columna del exministro de Justicia publicada en el diario La Tercera.
Hoy se presenta el libro “Crisis carcelaria y de seguridad”, publicado por Ediciones UC. Desde el Programa de Reformas a la Justicia de la UC, que integro junto a Valentina Avendaño, convocamos a Ana María Stuven, Pablo Zeballos, Agustín Walker y Alejandro Arévalo a reflexionar sobre el colapso penitenciario que vive el país y a proponer políticas que permitan un cambio profundo en el sistema, cuyos objetivos esenciales —custodia, orden y reinserción— están hoy severamente incumplidos.
Las cárceles chilenas son escenario de una crisis final. Con una capacidad para 42 mil internos, hoy albergan más de 62 mil, lo que genera un hacinamiento incompatible con la dignidad humana, dificulta el control y anula los procesos de reinserción social. A ello se suma un dato alarmante: más de 22 mil personas (35% del total) están en prisión preventiva, muchas de las cuales luego resultan inocentes, en evidente contradicción con la presunción de inocencia que debe garantizar el sistema procesal penal.
La situación se agrava con la expansión del crimen organizado, instalado en el interior de los penales. Las cárceles se han transformado en centros de operación y adiestramiento delictual, extendiendo redes de corrupción al personal penitenciario. Todo ello ocurre en un contexto de desorden legislativo, simplismo punitivo y ausencia de políticas coherentes de seguridad pública, que ha marginado al mundo penitenciario del debate y de las prioridades presupuestarias. La consigna “que se pudran en la cárcel” parece haber sustituido la reflexión sobre cómo rehabilitar a los condenados o impedir que sigan delinquiendo al egreso.