El académico de número analiza la actualidad política y económica del país en su columna habitual del Diario Estrategia.
El país está inmerso en una complicada circunstancia, en medio de una grave preocupación por la situación económica que deriva de múltiples factores. Se trata de una crisis, aunque no necesariamente ligada a la economía internacional sino a la existencia de factores exógenos que se han mencionado hasta el cansancio: conflicto del medio oriente e inusitado cambio climático se han combinado con una difícil situación fiscal heredada de varios años de desarreglos que han llevado a una deuda externa difícil de remontar. Además, se suma a esto una compleja situación de la minería afectada no sólo por cuestiones climáticas, sino también por la caída en la ley de los minerales exportables lo cual lleva a una baja en la producción y la necesidad de significativas inversiones. Todo esto resulta en un complejo panorama, no fácil de superar, y que resulta en una resistente inflación, un alto desempleo y una débil inversión y crecimiento económico. Todo esto causa angustia en la población, acrecentada por una discusión que la gente no comprende en sus dimensiones técnico-jurídicas, pero que sí ha llevado a una baja en la credibilidad de la administración de gobierno.
La decisión del gobierno -ya no sólo del ministro Rabat- en torno a otorgar un beneficio de libertad a condenados por graves delitos de aprovechamiento sexual contra menores, causa total rechazo en la población. Por cierto, se cumplió con ello algo mandatado por una anterior ley de la república, levantando una primera incógnita: ¿quienes estuvieron detrás de la aprobación de esa medida y en qué medida el debate parlamentario no fue capaz de señalar las probables consecuencias asociadas a su aplicación? Es bueno para el país que se destaque este tema, señalando las responsabilidades envueltas. Sin embargo, esta ley se aplicó sin tomar en cuenta sus efectos sociales, el impacto en el ciudadano que conoce los resultados de aplicar la ley más no los argumentos tenidos en cuenta para su aplicación. Esto levanta la segunda incógnita: ¿por qué se aplicó esta ley sin la más mínima consideración del negativo impacto que ello traería en la ciudadanía?