En su columna del diario Estrategia, el académico de número critica las prácticas de poder arbitrarias dentro de las universidades.
En un pasado que todos queremos olvidar, las universidades chilenas fueron sometidas a una dura intervención, en que los antecedentes académicos eran sustituidos por juicios políticos que daban sustento a decisiones administrativas. El recuerdo de Federici es inevitable cuando se alude a la arbitrariedad de decisiones inconsultas que a menudo respondían solamente a acomodos políticos, estrategias de poder o simple arbitrariedad. Nada de eso es justificado sobre la base de resultados académicos, transparencia en la evaluación de los mismos, proyección para dar sostenibilidad al desarrollo de una universidad.
En las universidades chilenas, la elección de autoridades se encuentra regulada por estatutos y reglamentos que buscan ordenar la vida institucional, equilibrando participación académica, idoneidad profesional y visión estratégica. Convocatorias públicas, comités de búsqueda, votaciones internas y una designación final por parte de la autoridad superior conforman, al menos en teoría, un sistema destinado a otorgar previsibilidad, estabilidad y legitimidad a cargos clave para el desarrollo académico. Ese diseño no es casual y responde a décadas de reflexión universal sobre gobernanza universitaria, autonomía académica y necesidad de evitar arbitrariedades. El mensaje implícito es claro y es que quien participa de un proceso eleccionario, quien se somete a evaluaciones y obtiene respaldo institucional, adquiere no solo un cargo, sino un mandato y ese mandato, salvo causales graves y debidamente acreditadas, debe ser respetado.