El académico de número analiza el papel del Estado como productor en la economía chilena en su columna del diario Estrategia.
A mediados del siglo pasado dominaba el proteccionismo industrial y la teoría de la industria naciente. El proteccionismo se fundaba en la idea de proteger a la industria nacional, especialmente en un mundo en que la competencia entre países se veía como una amenaza. La industria naciente se concebía como aquella que debía protegerse durante un período razonable de tiempo, por la vía de altos aranceles sobre las importaciones de similar producto. Se entendía que dicha protección también requeriría la participación activa del Estado en la producción, el cual debería proteger a la industria a través de costos subsidiados en las distintas etapas del proceso productivo. Por supuesto se trataba, en el marco de esta teoría, de una “industria naciente”: la misma debería madurar y crecer al cabo de lo cual debería desprenderse de la protección así otorgada para abrirse al mercado. Así se concebía la existencia de un área estatal de producción, la cual dominó el desarrollo económico chileno en las décadas del 40 y 50, respaldada por la creación de la CORFO en el gobierno de Aguirre Cerda. Sin embargo, es necesario decir que la protección de la industria debió continuar en el tiempo, puesto que las mejoras necesarias para una subsistencia exitosa nunca fueron posible en manos del Estado. Había una tendencia a la administración “por costumbre” antes que mirando la perspectiva de competencia, y las empresas públicas pasaban a ser parte de un “botín” político antes que instrumentos de desarrollo económico propiciado por el Estado. Obviamente siempre habrá discusión sobre aquellas empresas que producen “bienes públicos” o que son necesariamente de carácter monopólico. Sobre esto, y la eventual participación del Estado habrá permanente debate, sin dejar de lado la necesidad de un manejo eficiente de recursos que son en realidad de la ciudadanía toda.