En su columna de El Mercurio, el académico de número reflexiona sobre los dos deberes del político en su discurso: la sinceridad y la veracidad.
Es ineludible comentar el incidente en que se vio envuelta Jeannette Jara cuando se le representó el propósito —que su escueto programa de las primarias anunciaba— de nacionalizar el cobre y el litio.
¿Qué puede decirse —el deber enseña que todo hay que decirlo— de ese incidente?
Comencemos por examinar el contenido de las cosas que los políticos dicen.
El discurso político consta de dos tipos de enunciados. Algunos de ellos, la mayoría, son opiniones acerca de lo que es correcto o incorrecto de hacer, lo que es moral o inmoral, lo que sería prudente o imprudente de ejecutar. Todos esos enunciados no admiten se les califique de verdaderos o de falsos, puesto que no aseveran cuestiones fácticas con las cuales contrastarlos para saber si son verdaderos (si coinciden con los hechos que aseveran) o falsos (si no coinciden con ellos). Luego, respecto de esa amplia zona del discurso no puede exigirse la verdad así concebida (así concebida puesto que hay otras concepciones de la verdad que por ahora podemos dejar de lado). ¿Qué puede exigirse entonces al político en este caso? Lo que en este caso ha de exigírsele es sinceridad: que lo que dice refleje exactamente lo que piensa o lo que cree. Primera regla entonces: el político o la política han de ser sinceros, sus opiniones deben reflejar lo que efectivamente piensan.