En su columna de La Tercera, la académica de número aborda la necesidad de reconocer explícitamente el derecho a la seguridad en la Constitución chilena.
La sentencia del Tribunal Constitucional, de 6 de julio pasado, sobre el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”, que pretendía introducir una serie de medidas preventivas en los colegios para enfrentar posibles hechos de violencia futura, planteó un falso dilema entre libertad y seguridad, que merece ser reflexionado. La tarea parece haber sido asumida por el gobierno que, según se ha anunciado, estaría preparando una reforma constitucional en materia de seguridad.
Conviene recordar que la seguridad garantizada por la Constitución es la seguridad individual muy ligada a la libertad personal o de locomoción.
El proyecto de ley sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional procuraba garantizar la seguridad pública que no aparece asegurada explícitamente por la Constitución, aunque el inciso final de su artículo 1° imponga al Estado el deber de dar protección a la población y a la familia.