La académica de número reflexiona sobre la propuesta de nueva Carta Fundamental y el cierre del trabajo de la Convención Constitucional en su columna del diario El Líbero.
Hemos llegado a la última semana del trabajo de elaboración de normas por parte de la Convención Constitucional. Estos días se aprobarán las últimas propuestas de las Comisiones de Sistema Político, Derechos Fundamentales, Derechos de Pueblos Indígenas, Sistemas de Justicia y Medio Ambiente. Según el cronograma aprobado por la propia Convención, el lunes 16 de mayo se presentará la propuesta de nueva Carta Fundamental y el martes 17, empezará a trabajar la Comisión de Armonización.
Nos encontramos, entonces, en la recta final de este proceso constituyente que comenzó con altas expectativas de parte de muchos, pero que, hoy, a escasos días del cierre de su trabajo, nos deja una desazón enorme y la inevitable interrogante de cómo llegamos a este momento.
En las líneas que siguen, más que responder a esa interrogante, quiero concentrarme en reflexionar sobre lo que nos espera hasta el 4 de septiembre, fecha de realización del denominado “plebiscito de salida”.
Y, en ese sentido, una de las primeras dudas que surgen es si aún estamos en posibilidades de rectificar las graves consecuencias que se advierten de un modelo de autonomías regionales extremo y sin adecuada consideración a la realidad dispar de nuestras regiones. Del mismo modo, si se podrá superar el intento de imponer, con fórceps, un Estado plurinacional, que parte de una concepción colonialista que no da cuenta de nuestra sociedad de hoy, y que impactará, entre otros aspectos, en el funcionamiento de los principales órganos del Estado. O si se salvará uno de los aspectos medulares del Estado de Derecho como es la existencia de un eficaz sistema de checks and balances para contrarrestar el poder del Ejecutivo y, también, del omnipotente Congreso de Diputadas y Diputados.
Todo lo anterior, sin considerar la multiplicidad de “promesas” que se desprenden de la inflación de derechos sociales que se proponen con responsabilidad exclusiva o preferente del Estado sin considerar el aporte de los privados.
Pues bien, la Comisión de Armonización sólo podrá reducir -eventualmente- los 434 artículos aprobados hasta el momento intentando darles coherencia y sistematicidad, pero, como precisa el propio Reglamento General de la Convención, “en ningún caso, podrá alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada” (Art. 77 letra c)). Luego, la propuesta de nueva Carta Fundamental no experimentará modificaciones sustantivas con el trabajo de esta Comisión.
¿Y la Comisión de Preámbulo? En mi opinión, tampoco aportará nada significativamente nuevo a lo que ya existe. ¿Por qué? Porque la Comisión de Principios ya se ha encargado de proponer y lograr la aprobación de aquellos valores y principios que, en forma articulada, serán vitales para que los operadores del derecho puedan dirimir, el día de mañana, las dudas de interpretación que suscite la nueva Constitución o integrar sus vacíos. Luego, el Preámbulo tendrá solamente un contenido testimonial.
