La académica de número analiza la negativa del Gobierno de aplicar la Ley Antiterrorista en la Región de La Araucanía en su columna de El Líbero.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, dada a conocer este fin de semana, revela que un 53% de las personas encuestadas considera que, entre las diversas manifestaciones de violencia que vienen azotando al país, los actos terroristas de La Araucanía, constituyen la más preocupante.
Por lo mismo, sigue llamando la atención la renuencia de las autoridades a enfrentar estos actos de violencia con toda la fuerza del ordenamiento jurídico. En este mismo espacio hemos comentado, con desilusión, la última declaración de inadmisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad dirigido en contra de la Coordinadora Arauco Malleco y su líder Héctor Llaitul, impidiendo que se debatiera el fondo de un asunto para el cual existe precisamente una cobertura constitucional. La señal habría sido muy importante no sólo para la región de La Araucanía, sino que para el país entero. No obstante, se perdió.
De allí que parezca oportuno recordar que nuestra Constitución, plenamente vigente, considera al terrorismo como un fenómeno, por esencia, contrario a los derechos humanos (artículo 9°). Del mismo modo, confía a una ley orgánica constitucional la determinación de las conductas terroristas y su penalidad. Dicha ley lleva el número 18.314 y ha sido objeto de diversas modificaciones, la última del año 2015.