La académica de número analiza por qué el gobierno impulsa la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo en su columna del diario El Líbero.
Si hasta ahora existían especulaciones sobre la materia, ya ha quedado claro que el Gobierno no puede sino impulsar la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo.
En efecto, las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, este último fin de semana, han dejado claro que, con la actual Constitución, no se pueden impulsar las modificaciones estructurales contempladas en el programa de gobierno del Presidente Boric en materias como salud, seguridad social y educación.
¿Y por qué? Porque, como señaló el mismo ministro Jackson, refiriéndose al derecho a la salud, el inciso final del artículo 19 N° 9 de la Constitución vigente, otorga a cada persona el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea éste estatal o privado. Lo que parece incomodarle al Gobierno es la alusión a la intervención de los “privados” en dicho sistema. La misma lógica puede aplicarse al derecho a la seguridad social y al derecho a la educación que también permiten la participación de los privados en la satisfacción de esas necesidades básicas.
Luego, la Constitución vigente se erige como una valla insalvable para instalar políticas públicas en las que el Estado juegue el rol central como se aprecia en el programa de gobierno, a lo que se une que no podría competir con la nueva Constitución, “la única gestada en un proceso democrático y participativo a lo largo de toda la historia patria”, aun cuando dichos argumentos sean más que discutibles.
Recordemos que cuando el Presidente Boric visitó la Convención Constitucional, poco después de resultar elegido, expresó “yo no espero, en ningún caso, una Convención partisana; una Convención al servicio de nuestro Gobierno”. El Presidente, por el contrario, sabía perfectamente que necesitaba una nueva Constitución para impulsar sus cambios estructurales asociados a un rol preeminente del Estado en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y la Convención ha estado precisamente al servicio de lo que este gobierno necesitaba diseñando una Constitución “estatocéntrica” que anula totalmente el aporte del sector privado y asume que el Estado será capaz de brindar la mejor educación, la salud más integral y las pensiones más dignas por el solo hecho de que le asigne a éste el rol de eje de cada uno de esos sistemas.
En un estudio del año 2005, del que es coautor, el actual Ministro de Hacienda señalaba que la tendencia mundial era reforzar el rol del Estado en la educación, pero destacando, al mismo tiempo que, en Corea, “la inversión privada es un complemento más que un sustituto de la inversión pública en educación”. Luego, parece que cada Estado debe buscar el mejor equilibrio sin que exista una regla general imbatible.
