La académica de número analiza la propuesta convencional sobre un modelo de Estado regional para Chile en su columna del diario El Líbero.
Después de seis meses de funcionamiento y de una accidentada elección de la directiva de reemplazo de la Convención Constitucional, ésta parece estar produciendo contenidos que justifican su instalación en orden a proponer el texto de una nueva Carta Fundamental que reemplace a la actualmente vigente.
En ese contexto, algunas de las comisiones de la Convención ya han aprobado, en general, algunas de las normas que podrían estar contenidas en el nuevo texto. Ello, al margen de las indicaciones u observaciones que cualquiera de los convencionales pueda realizar, y que darán origen a una segunda discusión -particular- en el seno de cada comisión.
Es así como la semana pasada hemos tenido noticia de que se ha aprobado una modificación a la forma de Estado que Chile ha mantenido a través de la historia y que corresponde al modelo de Estado unitario con la sola excepción del denominado ensayo federal de 1826 que no fructificó. La Comisión de Forma de Estado se ha inclinado, mayoritariamente, por un modelo de Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.
El diagnóstico que precede a esta norma es bastante generalizado. El actual Estado unitario con expresiones de descentralización funcional y territorial no ha dado los frutos esperados. La transferencia de competencias de las autoridades centrales y, lo que es más importante, de los recursos ha dejado mucho que desear. En lo que se refiere a la descentralización política, esto es, la mayor participación de la ciudadanía regional en la adopción de las decisiones que le competen, incluida la elección popular de sus autoridades, apenas ha tenido una expresión más tangible en la última elección de gobernadores regionales cuyo deslinde de facultades con los delegados presidenciales en las regiones es aún una asignatura pendiente.
El caso de España ha sido caracterizado como un Estado regional, donde convive el poder central con las Comunidades Autónomas. Las competencias de cada uno están precisamente señaladas en la Constitución, pero aun así el Tribunal Constitucional ha debido zanjar frecuentes disputas entre los Estatutos de Autonomía y el Estado español como un todo. Una de las más famosas fue la que suscitó la discusión del Estatuto de Cataluña que, claramente, ponía en jaque la unidad del Estado.