La académica de número y la abogada Jésica Torres reflexionan sobre los fundamentos de la existencia del Tribunal Constitucional y su importancia para todos y cada uno de nosotros en una columna del diario El Mercurio.
El recientemente asumido presidente del Tribunal Constitucional, ministro Juan José Romero, ha señalado en su discurso de asunción en el cargo que “hoy muchos más chilenos han tenido acceso a la justicia constitucional. El número de requerimientos de inaplicabilidad se ha incrementado de manera sostenida y estas causas les pueden cambiar la vida a las personas. Este tribunal ha sido capaz, con un enorme esfuerzo, de satisfacer esa demanda de justicia de las personas de la calle”.
A propósito de estas palabras, es pertinente recordar que los Tribunales Constitucionales, instaurados en Europa desde comienzos del siglo XX, se han enfrentado a la importante misión de hacer de las Constituciones un instrumento que proteja eficazmente los derechos de las personas, además de limitar el ejercicio del poder, que fue el objetivo original del constitucionalismo. Esta tarea ha supuesto el desarrollo de una nueva cultura donde cada persona identifica a la Constitución como un gran paraguas protector de sus facultades inalienables y al Tribunal Constitucional como el escudo que impide el triunfo de la arbitrariedad. De ello son ejemplo el prestigioso Tribunal Constitucional Federal de Alemania, así como el Tribunal Constitucional de España, entre otros.
En tiempos constituyentes como los que vivimos, las palabras del nuevo presidente del Tribunal Constitucional deben llevar a una reflexión desapasionada y con altura de miras, a fin de considerar objetivamente el rol y funciones de dicha magistratura en la nueva Carta Fundamental.
Así, y sin perjuicio del debate sobre las funciones de control preventivo de la obra del legislador que realiza el Tribunal Constitucional, es posible constatar la existencia de otra mirada ciudadana que tiene que ver con el depósito de confianza que muchas personas realizan diariamente en el Tribunal Constitucional cuando deducen acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Estas se dirigen a impedir que determinadas normas legales produzcan efectos inconstitucionales en su aplicación en una gestión judicial concreta, particularmente porque lesionarán sus derechos fundamentales. Esa labor, silenciosa y a veces incomprendida por algunos, es la última defensa que tienen los justiciables enfrentados a una ley simplemente inconstitucional en sus efectos concretos.
