En su columna de La Tercera, la académica de número enfatiza la importancia de mantener la coherencia y el respeto por el Estado de Derecho en las decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo para Chile.
El principio del Estado de Derecho supone que todos los poderes públicos estén sometidos al conjunto de normas jurídicas vigentes en el Estado. Del mismo modo, implica la división entre las principales funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) acompañada de resortes eficaces de control que impidan la concentración o el abuso del poder.
En el caso de los tribunales de justicia, es particularmente imperativo que esa división de funciones se respete, pues, como ha dicho la Comisión de Venecia, los órganos jurisdiccionales son los principales guardianes de los derechos de las personas, tanto naturales como jurídicas. En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que la reserva de la identidad de testigos, decidida por un órgano administrativo como el Ministerio Público, es susceptible de escrutinio jurisdiccional. Las cortes constitucionales son, en efecto, uno de los frenos más importantes al eventual actuar desmedido de los órganos de la administración del Estado, como también de los Parlamentos, en orden a restablecer el pleno imperio del Estado de Derecho.