En su columna de La Tercera, la académica de número analiza el proyecto de ley que busca agilizar los permisos para proyectos de inversión en Chile.
El proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales fue aprobado a comienzos de este mes por el Congreso Nacional y, pocos días después, un grupo de parlamentarios oficialistas interpuso un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra algunas de sus normas que forman parte del corazón del proyecto. Esta semana, el TC ha diferido la admisión a trámite del requerimiento por la falta de antecedentes necesarios para darle curso.
La acción deducida impugna, entre otras normas, las que se refieren a las técnicas habilitantes alternativas, como el aviso o la declaración jurada, que se consideran esenciales para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos de inversión sin que tengan que pasar por las engorrosas autorizaciones del presente.
El combate a la “permisología” ha generado un apoyo transversal, como lo ha destacado el propio Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en su página web, al indicar que la aprobación de este proyecto representa el fruto de “un esfuerzo compartido para construir una propuesta con amplio respaldo transversal basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad más ágil, moderna y eficiente que facilite el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige”.