La académica de número analiza la crisis que viven actualmente las Isapres y su consecuencia en el sistema de salud chileno en su columna del diario El Mercurio.
Uno de los puntos que dividen las visiones constitucionales en nuestro país es el rol que podrá cumplir el sector privado en la prestación de servicios vinculados a los derechos sociales, y si se mantendrá o no la tradición histórica de cooperación entre el Estado y los particulares en temas como educación, salud y previsión social, entre otros. Si las bases fundamentales que fijan los márgenes dentro de los cuales los constituyentes podrán escribir una nueva Carta, y que fueron incluidas en la última reforma constitucional, son interpretadas de buena fe, tal cooperación debería quedar garantizada en el texto a ser plebiscitado, pues así lo prescribe el acuerdo alcanzado. Eso, además, sería coherente con el deseo expresado en estudios de opinión que señalan que un 76% prefiere un sistema mixto y elegir libremente a cuál pertenecer.
Como las constituciones no son todopoderosas en lo que pueden prevenir, existen muchas amenazas latentes para los prestadores no estatales de estos servicios sociales que son el fruto de decisiones políticas gubernamentales y legislativas, o bien de resoluciones judiciales extemporáneas, de tribunales que pretenden transformarse en impulsores de cambios sociales coherentes con su perspectiva ideológica, más que actuar como instituciones que deberían, al menos, ceñirse a los cuerpos legales establecidos por la soberanía popular. Precisamente de ello se trató el gran cambio democrático de la modernidad, que instauró el “gobierno de las leyes en reemplazo del gobierno de los hombres”, para que los ciudadanos no quedarán sometidos al juicio arbitrario de algunos jueces, sino que fueran juzgados de acuerdo a la ley previamente establecida y conocida por todos.