La académica de número reflexiona sobre la descomposición moral y social de Chile en su columna de El Mercurio.
Los recientes escándalos por la venta al Estado de una casa por parte de una ministra y una senadora, quienes tienen una prohibición constitucional explícita de hacer negocios con el Estado; el uso y abuso de dineros públicos en fundaciones políticamente vinculadas al Gobierno; la información divulgada en estos días respecto al uso fraudulento de licencias médicas —que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos que utilizaron licencias falsas para vacacionar fuera del país— son todos síntomas de disolución social que deberían movernos a una profunda meditación.
Y la desmoralización de nuestra sociedad va más allá. Hay casos de sacerdotes emblemáticos acusados de crímenes aberrantes; colusión en las empresas y uso de información privilegiada; corrupción en el Ejército y Carabineros; en el Poder Judicial, y en las fiscalías. Las instituciones democráticas son despreciadas y la ciudadanía es indolente frente al quehacer de la polis y a un destino compartido. Los narcotraficantes se apoderan de la ciudad y entierran a sus muertos literalmente en gloria y majestad bajo la protección de las fuerzas de orden, mientras los niños no pueden asistir a sus colegios. Incluso ostentamos dos récords para enorgullecerse poco: un país con el más alto consumo de marihuana en adolescentes y el índice más alto de todo el mundo (74,3%) de niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales, en un gran porcentaje, se verán privados de la contención que entrega la presencia permanente de padre y madre. Madres de bajos ingresos en hogares monoparentales deben mantener con sus trabajos precarios a sus hijos, sin tiempo ni fuerzas para entregarles además la formación que genera la confianza y desarrolla el capital social necesario para que la democracia funcione. Niños en situación de calle, o a cargo del Estado, maltratados y, en algunos casos, asesinados bajo su protección.