La académica de número reflexiona sobre el valor de la moderación en la política, en su columna de El Mercurio.
En los últimos días han vuelto a resurgir los epítetos en contra de la llamada “Derechita Cobarde”, término que no es ni siquiera el invento ingenioso de un derechista chileno, sino de Abascal, el líder de Vox, para atacar al Partido Popular español.
Esto presumiblemente se debe al hecho de que hay personas de derecha que estimamos que la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau es tanto infundada como inoportuna. Infundada, porque confunde tres conceptos que son diferentes: las violaciones a la Constitución, las malas políticas públicas y la responsabilidad política.
Es evidente que los encargados de las finanzas públicas tomaron decisiones abiertamente erróneas y graves para los equilibrios fiscales, pero ello no implica que la ley de la república haya sido vulnerada. Por otra parte, la responsabilidad política no equivale necesariamente a una responsabilidad jurídica ni conlleva penas ni sanciones, y en general, se cobra a través de otros mecanismos, como pueden ser las interpelaciones, las comisiones investigadoras y, por cierto, el instrumento principal para hacerla valer, que son las elecciones.
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