En su columna de El Mercurio, la académica de número reflexiona acerca de la justicia penal frente a la ola de crimen y delincuencia que enfrenta el país.
Si yo tuviera que legar a mis nietos un consejo para una buena vida tendría que decirles que en el lapso de nuestra existencia se pueden lograr, siempre con esfuerzo, dedicación y trabajo, muchos éxitos académicos, profesionales y económicos que pueden ser muy satisfactorios. Pero tendría que advertirles que nada de eso es comparable a una vida donde primen el amor, la compasión, la misericordia, el perdón, la amistad y la benevolencia, junto con la capacidad de sentir el dolor ajeno, de tener empatía y saber ponerse en el lugar de otro. Les diría también que una regla de conducta ética insoslayable es no causar sufrimientos a otros y, en lo posible, hacerles el bien. Eso, y no el rencor y el resentimiento (que dañan más al que los siente que al que los recibe), es el único pasaporte a la felicidad y sobre todo a la armonía y la paz.
Muchas de estas guías de conducta aplican igualmente a la convivencia nacional. Por ello, intentaré dilucidar las formas en que estas premisas podrían inspirar a la justicia y especialmente a la relación entre crimen y castigo o, en palabras de Cesare Beccaria, entre los delitos y las penas. En su gran libro publicado en 1764, que fue citado en la Declaración de Independencia de EE.UU. y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, argumentó, en defensa de la dignidad del individuo frente al poder punitivo del Estado, contra la tortura y la pena de muerte, por constituir, a su juicio, prácticas crueles reñidas con la justicia; y abogó por la proporcionalidad de las penas, la necesidad de legalidad y certezas, e introdujo el concepto de que el propósito esencial del castigo era prevenir nuevos delitos y no vengarse del culpable.