En su columna de El Mercurio, la académica de número argumenta que la estabilidad democrática en Chile requiere un socialismo comprometido con las instituciones democráticas.
Las causas del derrumbe de nuestra democracia han sido objeto de múltiples debates y seguro lo seguirán siendo. Hubo una vez un acuerdo bastante generalizado en que la opción de una parte significativa de los ciudadanos por una posición antisistémica introdujo tensiones que el cuerpo político no fue capaz de neutralizar, cuando se sostenía que “la democracia es solo una fase de un proceso histórico que culminará en la revolución”; “las instituciones democráticas son herramientas tácticas para la agitación, la propaganda y la concientización”; y que el entendimiento con otros partidos “es táctico en la guerra revolucionaria”. El triunfo electoral era así solo el primer asalto para apropiarse del Estado y emprender la revolución.
Las fuerzas contrarias a nuestra institucionalidad se habían concentrado tradicionalmente en el Partido Comunista. En la década de 1960, sin embargo, el Partido Socialista chileno rompe con su tradición histórica. Se declara marxista-leninista en el Congreso de Chillán de 1967 y opta por la vía violenta para impulsar cambios que implicaban destruir la democracia “formal” y “burguesa”, sustituyendo el capitalismo por el socialismo marxista. Esto alteró la correlación de fuerzas y los consensos mínimos necesarios para la estabilidad del sistema. Esto significó que las fuerzas antidemocráticas —que nunca habían superado la votación comunista— llegaron así a representar un tercio del electorado y alcanzaron el poder. Desde una posición minoritaria, intentaron transformar radicalmente las estructuras políticas, económicas, sociales y judiciales, quebrando los consensos indispensables para resolver en forma pacífica los conflictos propios de la diversidad, legítimos y consustanciales a toda sociedad civil, e incluso deseables para una pluralidad efectiva.