En su columna de El Mercurio, el académico de número y el Doctor en Educación Superior por la Universidad Diego Portales critican los efectos y riesgos asociados a la ley de 2018 que redefine el gobierno de las universidades estatales en Chile.
La Ley 21.094 de 2018 estableció un nuevo marco normativo para el gobierno de las universidades estatales. Su implementación da lugar a reformas orientadas a redefinir la distribución interna del poder y los mecanismos de conducción institucional. Los cambios propuestos plantean serias interrogantes. Ocurren, además, en un entorno regulatorio más exigente, con una autonomía institucional en retroceso y un financiamiento más limitado, acentuándose así el riesgo de efectos sistémicos no deseados.
Dichas reformas se alejan de las tendencias observadas en sistemas universitarios más consolidados, como los europeos, donde se busca fortalecer las capacidades estratégicas de las universidades mediante formas de gobierno más integradas, profesionalizadas y abiertas a actores externos.
En contraste, la ley impulsa a nuestras universidades estatales a profundizar una lógica de representación corporativa interna. Se prefieren elecciones democráticas para la designación de autoridades, al tiempo que se amplía la participación de estudiantes y funcionarios, reforzándose además el peso de los órganos colectivos en materias sustantivas de gestión. Paralelamente, se restringe la presencia de miembros externos en los máximos órganos institucionales —como la junta directiva o el consejo superior—, lo que acentúa las tendencias a un gobierno universitario preocupado más de los asuntos corporativos que de las necesidades y demandas de la sociedad.