El académico de número analiza la propuesta constitucional de la Comisión Experta en su columna de El Mercurio.
Si bien la Comisión Experta aún no aprueba una propuesta constitucional completa, está a punto de lograrlo. Reúne el respaldo de todas las fuerzas ideológico-culturales representadas en el Congreso Nacional.
Su mayor mérito es no imponer un modelo único de vida y organización de la sociedad, como ocurrió originalmente con la Constitución de 1980 y con el texto de la Convención Constitucional rechazado en septiembre pasado.
La cuestión del Estado se ha resuelto de manera inteligente. En línea con los avances que venían sucediéndose desde 1990, se reconoce que el Estado es social y democrático; que respeta derechos y libertades fundamentales, y que promoverá el desarrollo progresivo de los derechos sociales.
Respecto de estos últimos, se establece que el Estado avanzará en asegurar su provisión como bienes públicos (salud, educación, vivienda, seguridad social y otros) a través de instituciones estatales y privadas, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Significa un paso definitivo hacia el reconocimiento constitucional de la provisión mixta de dichos bienes.
