El académico de número plantea la necesidad de un cambio de estrategia política para enfrenar la crisis educacional actual de Chile en su columna de El Mercurio.
Junto con un atraso en abrazar la prioridad de atender un plan para mitigar y compensar los daños causados por la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes, la trayectoria del Ministerio de Educación aparece errática, vacilante y de baja intensidad.
A nivel global, el discurso sobre crisis de la educación se ha vuelto endémico. Los efectos del covid-19 fueron devastadores, especialmente para los países más pobres y para las y los niños, el sector más vulnerable de la población mundial.
El aprendizaje de competencias básicas fue severamente dañado. Los hábitos de la escolarización se interrumpieron. Hay mayor ausentismo y abandono temprano. Se alteraron vitales equilibrios socio-emocionales.
La salud mental emerge como una preocupación central. Las y los profesores experimentan mayor presión y agobio mientras crecen las dificultades para su desempeño. Las desigualdades preexistentes de todo tipo se profundizaron durante la crisis.
Como resultado, el objetivo definido por las naciones del mundo de asegurar en 2030 una educación de calidad para todos en los ciclos básico y medio, se ha vuelto inalcanzable. Y los efectos retardados de la pandemia permanecerán a lo menos a lo largo de la presente década.
