El académico de número profundiza en el debate sobre la educación pública en su columna del diario El Mercurio.
Nuestro debate sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza se encuentra enredado por una noción que reduce lo público a lo estatal, otorgándole un sentido estrechamente administrativo y económico. Público sería aquello propiedad del Estado, bajo control burocrático y financiado con recursos fiscales
El derecho fundamental a una educación pública quedaría así circunscrito a la esfera estatal. Y, la libertad de enseñanza, a una facultad de las familias para cooperar con aquella desde el mundo privado.
Nos veríamos así puestos frente a una visión formal y empobrecida de lo público, que para nada conviene a la educación. En efecto, lo público representa para ella un ideal, una orientación según valores, un modo de relacionarse con la sociedad y las familias. No es un mero asunto de organización y financiamiento; un arreglo de economía política.
Desde antiguo, ese ideal vincula a la educación con el bien común, la convivencia dentro de la polis y el interés general. Allí reside la dimensión pública de la educación. En su filosofía, ética y política más que en su economía y administración.
