El académico de número reflexiona sobre los nuevos espacios de conversación constitucional que se abren en educación tras el plebiscito de salida en su columna del diario El Mercurio.
El resultado del plebiscito del domingo pasado abre un nuevo espacio de conversación constitucional sobre la educación. ¿Cómo podemos aprovecharlo para alcanzar acuerdos que en el ciclo anterior fueron desahuciados?
Lo primero, y más difícil, es la necesidad de cambiar algunos supuestos de trasfondo que permean la visión jurídico-educacional que quedó consagrada en el texto rechazado.
Una es el supuesto, profundamente arraigado, que concibe la educación como una tarea exclusivamente estatal. Mira a la educación como una prolongación del Estado hacia la sociedad y la cultura; como un instrumento de homogeneización nacional y de integración social; como una plataforma de ciudadanía formal e igualdad legal.
Corolario de esta visión es definir al Estado por el monopolio de la educación (el Estado docente) y, a la vez, conferirle a este el monopolio del carácter público de la enseñanza.
Tal es el primer supuesto de una visión que, llevada al campo constitucional, exige consagrar a la educación estatal en un sitial preferente, definiéndola como eje estratégico del sistema, resguardada de cualquiera contaminación proveniente de la esfera de los intereses privados.
