El académico de número analiza el “proyecto ideológico identitario” que está por proponer la Convención Constitucional en una entrevista en el diario El Mercurio.
Constitucionalista dice que observa una concepción de propuesta que apunta a un proyecto ideológico identitario, por lo que cree que se mantendrá mientras, dice, duren las mayorías que sustentan esa visión.
Integró el grupo de Amarillos por Chile —aunque aclara que no es su vocero ni los representa— y la semana pasada firmó una carta junto a 300 abogados, manifestando su preocupación por el devenir de la Convención Constitucional. Y aunque inicialmente le inquietaba más el debate de la comisión de Sistema Político, fue la votación del pleno del pasado martes, respecto de Sistemas de justicia, la que esta semana llamó la atención del constitucionalista Jorge Correa Sutil (DC).
“Esta semana se votaron los artículos relativos a órganos autónomos. La comisión propuso 20. De ellos, seis existen hoy y están a nivel constitucional, ocho existen, pero no los trata la Constitución y seis son enteramente nuevos. De los 20, el pleno aceptó 14. El texto ya llegó a 367 artículos. Vamos a triplicar el número de artículos de la Constitución vigente y cuadruplicar los de la Constitución alemana”, señala el exsubsecretario del Interior.
—Sin embargo, algunos académicos defienden que, pese a tener más artículos, el actual borrador sigue teniendo menos palabras que la actual Constitución, porque la Carta vigente tiene artículos muy largos.
—Puede ser, pero que tenga más artículos no es baladí. Trata más tópicos, crea más órganos, establece más principios de política pública. El problema no es que sea una Constitución extensa. El problema es que es una Constitución obesa.
—Específicamente, a qué se refiere con esa distinción entre Constitución extensa y una obesa?
—Con mucha grasa. Explíque me por qué tienen que estar en la Constitución Política los Tribunales Ambientales, el Servicio Civil y la Defensoría de la Niñez, como fue ya aprobado, o la Agencia del Consumidor y los Servicios Notariales, como proponía y seguramente volverá a proponer la comisión con otra redacción. Explíqueme por qué la Constitución establece prioridades en las relaciones exteriores; por qué hay que declarar en la Constitución una preferencia por las cooperativas; por qué hay que escribir 20 veces la palabra territorio, 57 veces la palabra indígena. Y así hay mil ejemplos de cuestiones incorporadas que no tienen razón alguna para estar en un texto supra mayoritario como es la Constitución Política. A mí lo que más me distancia con este proyecto es su concepción de Constitución.
—¿Qué concepción?
—Un proyecto ideológico identitario. El resultado va a ser que en el plebiscito de salida se va a votar en favor o en contra de ese proyecto ideológico, como si votáramos en favor o en contra de un programa político. Si llega a aprobarse, durará tanto como dure esa mayoría en favor de ese proyecto ideológico, y las mayorías son cambiantes, por lo que no es posible augurarle largo destino a este texto. La Constitución del 80 también fue un proyecto ideológico y esa fue la causa de su deterioro y muerte. Estamos tropezando con la misma piedra.
—¿Y cuál es la alternativa que usted propondría como modelo al respecto?
—Un conjunto modesto y sobrio de reglas, más bien procesales, que establezcan el modo democrático en que, periódicamente, deben competir las diversas ideologías, los distintos sueños de país y no más. Unas reglas con garantías para todos. Ya vendrán los distintos sueños de país a competir en elecciones periódicas. Bienvenida esa competencia. La Constitución no está para entronizar uno de esos sueños, como si uno fuese moralmente superior y el tiempo fuere a detenerse. En una democracia pluralista, no hay superioridades morales ex ante ni nadie tiene derecho, a través de la Constitución, a dificultar la legítima alternancia y competencia entre proyectos.
Recurso de protección
—Usted dijo que le preocupaba lo aprobado por el pleno en materia de sistemas de justicia. La Corte Suprema se ha mostrado muy crítica de los cambios al recurso de protección, porque va a ser conocido por los tribunales de instancia.
—En su afán por refundarlo todo, la Convención propone sepultar un mecanismo que se ha mostrado expedito y adecuado para la protección de los derechos humanos. Tanto o más que el cambio de sede, me parece negativo que se suprima el requisito de que la infracción constitucional provenga de un acto ilegal o arbitrario. Este último requisito representó el más eficaz de los controles de legalidad de la administración. A través de él, los tribunales corrigieron millones de ilegalidades de autoridades, empresas y personas. Eso se va a terminar. Representaría un fuerte deterioro para la vigencia del Estado de Derecho.
