El académico de número aborda el veto del Gobierno para restablecer las sanciones para quienes no sufraguen en las próximas elecciones municipales en una columna de El Mercurio.
Para solucionar la indiscutible inconstitucionalidad en la que había incurrido una mayoría de senadores al dejar sin sanción a quienes incumplan su deber de votar, el Gobierno ha enviado un veto aditivo en el que repone la sanción solo para los ciudadanos que no lo hagan y no para todos los electores, estableciendo así una diferencia entre chilenos y extranjeros. ¿Es esta diferencia constitucional?
Antes de intentar responder, no cabe sino aplaudir que el Gobierno presente un veto para restablecer sanciones para quienes no sufraguen. El debate acerca de si el voto debe ser voluntario (sólo un derecho) u obligatorio (también un deber), puede darse en términos políticos, pero jurídicamente está zanjado, mientras no se cambie la Constitución. El inciso segundo del artículo 15 de la Carta Fundamental dispone que el “sufragio será obligatorio”; y luego agrega que una ley “fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber…”.
En consecuencia, los electores tienen el deber constitucional de votar y el legislador está obligado a fijar sanciones a quienes incumplan con ese deber. La Constitución establece sanciones gravísimas a los parlamentarios que propicien el cambio del orden institucional por medios distintos de los que ella establece. Ya sabemos el modo cómo incide el voto voluntario y el obligatorio en la institucionalidad política.
