El académico de número propone una reforma profunda, técnica y meritocrática del Poder Judicial, en su columna de El Mercurio.
El Poder Judicial, una de las principales hebras con que se teje el entramado que sostiene nuestra libertad y seguridad, no tiene ni la hacienda ni la espada. Si no goza de prestigio, queda desprovisto de toda fuerza.
Si alguien piensa que el 2025 ya vimos suficientes episodios de desprestigio; considere que no es improbable que el 2026 presenciemos la inédita imagen de alguno de los que la sociedad había colocado en majestuoso sitial de honor, encarcelado entre aquellos que acostumbraba a juzgar.
A pesar de la magnitud de los escándalos que se investigan, estudios comparativos sitúan al judicial chileno en los primeros lugares de América Latina en probidad e independencia; pero en los últimos en prestigio y predictibilidad. Acertar en el diagnóstico de esta paradoja es un desafío político trascendente.
Urge concordar un largo, prudente y sostenido proceso de reformas encaminadas a devolver prestigio a la judicatura. El desafío es hacerlo más accesible a los pobres, predecible para los agentes económicos y menos oscuro para la opinión pública.
Si la corrupción puede no ser el principal mal, ciertamente es el más corrosivo. Debe abatirse de raíz antes que el crimen organizado penetre por esos intersticios.