En una columna de El Mercurio, el académico de número critica la indicación sustitutiva que el Gobierno presentó al proyecto de reforma del sistema político.
El Gobierno ha presentado una indicación sustitutiva al proyecto de reforma constitucional destinado a enfrentar el fraccionamiento y el personalismo que reina en el Congreso y entrampa la gobernabilidad. En ella, el Ejecutivo no incluye el umbral del cinco por ciento para que los partidos tengan representación parlamentaria, sin sustituir ese mecanismo por otro destinado a evitar la dispersión de partidos representados en el Congreso.
El Gobierno se propone así no enfrentar el que, a juicio de muchos —la Comisión de Expertos entre ellos— es el principal problema que dificulta la actividad legislativa y, con ello, la aprobación de las normas que necesitamos para enfrentar buena parte de los problemas que nos afectan.
El ministro del Interior salió esta semana a hacerse cargo de las críticas al cambio de opinión gubernamental, intentando justificar una de las decisiones más relevantes que ha tomado el Presidente. En primer lugar, subrayó que está vigente una norma que establece que un partido que no tiene ese cinco por ciento en tres regiones o cuatro parlamentarios pierden su existencia, como si ello hiciera innecesario el umbral que avanzaba en el debate legislativo. Agregó que iban a proponer más exigencias para constituir partidos. Estas razones son del todo impertinentes, pues el problema no es que existan muchos partidos, sino que un número excesivo de ellos tenga representación en el Congreso. Es esto último, y no la existencia de muchos partidos lo que traba la actividad legislativa. Así, esta primera razón no dice relación con el problema que busca atacar el proyecto normativo que el Gobierno propone suprimir.
