Columna del exministro de Justicia publicada en el diario La Tercera.
La evolución del crimen organizado en el país ha superado cualquier cálculo previo, acercándonos a un punto de inflexión. No enfrentamos solo un aumento de la delincuencia, sino una transformación de la morfología criminal que amenaza con disolver el pegamento esencial de cualquier nación: la confianza y la cohesión social.
El escenario es crudo. El lenguaje lo dice todo: forman parte de nuestras expresiones cotidianas palabras como sicariato, extorsión sistemática, “delivery” de drogas, corrupción institucional, lavado mediante criptomonedas y lo más reciente, la infiltración en instituciones financieras. Es una realidad que repetimos, pero cuyos efectos aún no logramos procesar. Las autoridades han ido reaccionando con creciente –aunque tardía- intensidad, mientras el ciudadano observa con impotencia cómo barrios enteros de poblaciones marginales han cambiado su dinámica. La aparición de pandillas que ofrecen a los jóvenes un futuro de “emoción y vértigo” no es casual y tiene un efecto pernicioso, pues –sin querer queriendo- busca sustituir al Estado y a la familia.
Uno de los efectos más devastadores de esta expansión es la consolidación de la narcocultura (voz nueva también), como modelo de éxito social, que compite con el sistema escolar, presentando el dinero fácil y el poder violento como alternativas superiores al esfuerzo educativo. Eso explica la deserción escolar que crece en las zonas más vulnerables. Cuando un joven percibe que el aula no garantiza movilidad social, mientras la organización criminal le ofrece estatus inmediato, el interés educacional se rompe. La escuela deja de ser una opción y el vacío es llenado por estructuras delictivas que utilizan a los menores como soldados.