En una columna publicada en El Mercurio, el académico de número y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez critican el proyecto de reforma constitucional del Gobierno en materia de seguridad pública.
Hace unos pocos días el Presidente Kast cuestionó a quienes han afirmado que estaríamos frente a un ejemplo de gobernante iliberal. Tiene razón. Estos se caracterizan, entre otros aspectos, por intentar disminuir la libertad de expresión y restringir los espacios de sus opositores políticos. Para avanzar en esta dirección utilizan distintas artimañas y también las instituciones del Estado (Guriev y Treisman, Spin Dictators). Nada de lo que ha hecho o declarado el Gobierno en sus primeros seis meses de gestión se acerca un ápice a esas acciones.
Por eso es un error enorme su proyecto de reforma constitucional para fortalecer el sistema de seguridad pública. Hay varios aspectos del proyecto que son discutibles, pero ninguno es tan grave como la creación de un nuevo estado de excepción en aquellos casos en que ocurra una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. Y si bien toda Constitución democrática incorpora estados de excepción, su establecimiento debe ser un espacio de especial atención, dada la concentración de competencias y la alteración del equilibrio de los poderes habituales de las constituciones democráticas.