El académico de número resume el proceso constitucional en Chile en su columna en el diario El País de España.
La pregunta dominó las cavilaciones y debates del campo intelectual y político chileno en los días que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019, con su inusitada ola de violencia y destrucción. La mera represión, se vio de inmediato, era inoperante para contener el desborde: así lo expresaron sin tapujos las propias instituciones encargadas de ejercerla. ¿Qué hacer entonces?
La primera reacción del mundo político chileno fue convenir un pacto Gobierno –oposición sobre materias tales como como salarios, locomoción, pensiones y salud. Como recuerda Gonzalo Blumel, a la sazón ministro del presidente Sebastián Piñera, de los propios partidos de derecha se llamó al Gobierno a hacerse cargo del malestar producido por el modelo económico, arguyendo que sin ello sería imposible recuperar la paz social. La Moneda reaccionó llamando a “una mesa de dialogo amplia y transversal” para “avanzar hacia un acuerdo social”. Hubo reuniones formales en esta dirección. Se habló incluso de un Gobierno de unidad nacional para ejecutar tal acuerdo. ¿Habría sido posible, o suficiente? Es imposible saberlo; pero lo concreto es que esta opción terminó siendo dejada de lado por un proceso aún cargado de incógnitas.
