El académico de número analiza la crisis actual de las democracias liberales, en su columna de La Tercera.
Es cierto que el voto obligatorio ha tenido un efecto casi milagroso para aumentar el número de los ciudadanos que votan. Ojalá ello respondiera a un interés ciudadano en torno a diferentes proyectos para el bien colectivo, pero eso no es tan claro. Más bien pareciera que se cumple con el acto electoral, cosa que es ya positivo, más como un puro deber sujeto a sanción que como el ejercicio de un derecho participativo entusiasta que anidara convicción y esperanza, con más espíritu reflexivo que sensaciones puramente emocionales, miedos, resentimientos y desconfianza.
Ello no es un rasgo exclusivo de nuestro país, pareciera ser una tendencia extendida del actual momento de la historia, al menos en el mundo que se rige por el sistema democrático.
En los países dictatoriales o fuertemente autoritarios el problema ni siquiera se plantea, pues los ciudadanos no ejercen como tales, no son sujetos políticos, dependen de un poder que no surge de su voluntad, sino de la fuerza o que realiza el acto electoral como un simple rito, donde no compiten propuestas alternativas y donde se sabe con anterioridad quién será el ganador.