El académico de número reflexiona sobre el funcionamiento y los desafíos de la Corte Suprema, en una columna del diario El Mercurio.
La Corte Suprema es el único órgano superior del Estado de continuidad institucional ininterrumpida por dos siglos. La conocí por dentro en mis seis años como abogado integrante, hace un par de décadas. La Corte de los primeros años en democracia fue moral y profesionalmente impecable. Y hoy sigue siendo, en esencia, como la conocí.
Pero hay riesgos que persisten. Primero, las perversas influencias hacen que los nombramientos sean un hoyo negro, como se mostró en la nominación de la exministra Vivanco, en perjuicio de un abogado y académico impecable. Es un ejemplo que ensucia.
Pero pasan desapercibidos los nombramientos “sin historia” de excelentes jueces y juristas. No es casual que algunos de los más excelentes relatores que conocí como abogado integrante hayan llegado a ser ministros del tribunal.
No hay sistema perfecto, pero debieran observarse dos principios: que los candidatos sean propuestos reflexivamente, con antecedentes a la vista, por un órgano de composición mixta, y que la decisión pertenezca al Presidente de la República. Se combina así mérito y legitimidad política. La segunda propuesta constitucional contenía una regla razonable. Bastaría retomarla.