El académico de número aborda los reparos surgidos durante los primeros años de la ley de autonomía del Banco Central en una columna del diario El Mercurio.
Al cumplirse 35 años de la ley de autonomía del Banco Central, se ha reconocido justificadamente su positiva contribución al control de la inflación y a la preservación de la estabilidad financiera interna y externa en nuestro país.
Lo que, en cambio, no se ha recordado es que en sus comienzos esa ley fue criticada repetida y acerbamente por los principales economistas y líderes de la Concertación y que ella pudo tener una vida efímera.
Lo que se dijo
- “La autonomía y atribuciones que se concederían al Banco eran excesivas”.
- El proyecto “consagraba un enclave económico a favor de la actual política económica, al privar a los futuros presidentes de la República de esenciales facultades de gobierno”.
- “Los miembros del Consejo tendrían un statu excepcional, pues, además de desempeñar sus cargos por períodos muy largos (diez años) y de disponer de amplísimas atribuciones, no podrían ser removidos libremente por el Presidente de la República, ni quedarían sometidos a la fiscalización del Congreso. Así, ellos no tendrían responsabilidad política pese a contar con gran poder”.
- “La ley conduciría a establecer dos centros de decisión y regulación de la economía y dificultaría la coordinación entre las decisiones del Banco y las de las autoridades económicas de gobierno”.
- La aprobación de la ley por la junta de gobierno en agosto de 1989 generó nuevos y más violentos ataques, entre ellos:
- Que “la designación de las autoridades del Banco por el gobierno militar sería ilegítima e implicaría un abuso de poder y una burla a los electores al dejar apernados en el Banco a funcionarios pinochetistas”.
- Que “de triunfar la oposición en las elecciones de diciembre de 1989, se modificaría de inmediato y substancialmente la ley aprobada por la junta de gobierno”.
Lo que ocurrió
En efecto, al darse a conocer el proyecto de la ley del Banco, pocas semanas después del triunfo de la oposición en el plebiscito de 1988, ellos plantearon que:
No obstante, en los meses que siguieron al histórico e inesperado acuerdo entre el gobierno y la oposición para instalar en el Banco un Consejo pluralista integrado por dos miembros del gobierno militar, dos miembros que militaban en partidos de la Concertación y un candidato independiente aceptable para ambas partes, ninguno de los sombríos presagios y cambios propuestos se cumplió.
Así, no se instaló en el Banco un equipo económico paralelo que implementara políticas contradictorias con las del gobierno. De hecho, mediante la participación del presidente y vicepresidente del Banco en las reuniones semanales del Comité Económico del Gobierno, del intercambio de información estadística, de estudios técnicos y de diversos mecanismos informales de consulta, se alcanzó una coordinación razonable entre el Banco y el Ministerio de Hacienda.
Esta labor fue facilitada además por la decidida postura antiinflacionaria de ambas instituciones y de la creencia compartida que el control de la inflación constituía una condición básica para lograr un crecimiento económico sostenido y equitativo y era también indispensable para consolidar el retorno a la democracia.
Por otra parte, cuando surgieron diferencias, como ocurrió respecto de la apertura de la cuenta de capitales y, en especial, la liberación de las inversiones y colocaciones chilenas en el exterior -materia en que el Banco era partidario de avanzar con mayor rapidez y profundidad- ellas se resolvieron con discreción.
Más importante aún, y también en contraste con lo que se había sostenido insistentemente, no se presentó proyecto alguno para modificar la ley del Banco.
En esto influyó que la idea de que contar con un Banco Central independiente ofrecía más ventajas que riesgos fue logrando más aceptación tanto en los círculos técnicos como en la opinión pública.
Este giro fue reconocido y subrayado significativamente por Roberto Zahler, quien en su discurso al asumir la presidencia del Banco Central en diciembre de 1991, expresó:
“En el caso de nuestra institución, se comprueba entre los especialistas de las más diversas inclinaciones ideológicas un creciente acuerdo acerca de la conveniencia de disponer de un Banco Central autónomo. También en los partidos políticos y en el conjunto de la opinión pública se advierte un consenso cada vez mayor acerca de las ventajas de la autonomía del Banco Central”.
Así, al cabo de dos años de vigencia de la independencia del Banco Central, el intenso debate de la autonomía había concluido.
