En su columna de El Mercurio, la académica de número reflexiona sobre cómo debe enfrentar el Estado el crimen y la delincuencia sin abandonar el respeto por la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
Tengo plena conciencia de la gravedad de la situación delictual que enfrenta el país y especialmente de las consecuencias destructivas de la introducción del crimen organizado vinculado al narcotráfico; como asimismo de la gran complejidad de la lucha en su contra. Nunca he dudado de que la función principal del Estado, para lo cual fue instituido en primer lugar, ha sido la mantención del imperio de la ley y del orden, y la protección de los ciudadanos contra la violencia o agresiones. Reconozco que, en ocasiones y en situaciones especialmente graves, es posible tener que matizar los derechos individuales y hacerlos compatibles con los imperativos necesarios para contrarrestar el crimen.
Mi problema es que sí creo firmemente en la dignidad intrínseca de la persona humana, y eso incluye al criminal, y que esta identidad única la hace acreedora a ciertos derechos fundamentales inviolables. Esta concepción antropológica del ser humano posiblemente se origina en el cristianismo, pero se plasma en una concreción política y una definición explícita de derechos como resultado de la Ilustración.