En su columna de El Mercurio, el académico de número analiza la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunas disposiciones de la denominada megarreforma.
La oposición decidió presentar varios requerimientos ante el Tribunal Constitucional para objetar alguna de las normas incluidas en la megarreforma. Según sus parlamentarios, dicha ley es contraria a nuestra Carta Fundamental, sobre todo en lo relativo a la invariabilidad tributaria. En su lógica, ella sería contraria —nada más ni nada menos— que a nuestra democracia.
La decisión de ir al TC es reveladora por varios motivos. El primero guarda relación con la situación que atraviesa la izquierda. Luego de una serie de derrotas en toda la línea —electoral, parlamentaria y política—, surge naturalmente la tentación de ganar en dicha sede aquello que se ha perdido en todas las restantes. Sin embargo, se trata de una tentación peligrosa de cara a sus propósitos e intereses. En efecto, hasta ahora la oposición no ha logrado —en rigor, ni siquiera lo ha intentado— elaborar un discurso que permita contrapesar las iniciativas del Gobierno. El progresismo ha balbuceado consignas, pero no ha presentado motivos robustos para incidir en la opinión pública. Hace algunos años, los argumentos de la izquierda hacían mella en el debate, lo permeaban y, de hecho, lograban que la derecha retrocediera. Sin embargo, el discurso contra los ricos se gastó, hasta volverse vano: no tiene consecuencia alguna. Por lo mismo, la discusión no ha dejado nada para el sector. El Gobierno tiene problemas, sí, pero son todos autoinfligidos desde su derecha, nunca desde la oposición.