En su carta al Director del diario El Mercurio, el académico de número argumenta que las autoridades públicas sí pueden participar o convocar oficialmente a actos religiosos sin infringir el orden constitucional.
Señor Director:
Replico al profesor Peña:
1. Él mira como un principio la idea de que el Estado debe ser neutral en materia religiosa. Ese principio no existe; lo único que hay entre nosotros es la libertad religiosa. No está de más recordar lo que nos dice Rousseau en “El contrato social”: que el Estado tiene que aceptar la existencia de Dios, y que Dios es inteligente, bienhechor y providente, y que en la vida futura dará la felicidad a los justos (capítulo X).
2. Dice el profesor Peña que la tradición de actos de religiosidad de nuestras autoridades desde el principio de la República hasta ahora no prueba su licitud. Replico que sí la prueba, porque tales actos siempre han sido realizados en concepto de lícitos: ha existido el juicio constante en el tiempo de que estaban bien. Es algo análogo a lo que ocurre con la jurisprudencia y con la costumbre jurídica.
3. Añade que hay que ver si esa tradición está a la altura de nuestros compromisos actuales. Replico que no hay ningún compromiso actual en la materia y, si lo hubiera, carecería de todo valor.