En una columna publicada en El Mercurio, el académico de número crítica dos proyectos impulsados por el Gobierno en materia de migración y seguridad.
Las iniciativas gubernamentales ingresadas esta semana en materia de migración y seguridad son inquietantes, pues es altamente probable que generen tan intensos como infructuosos debates. ¿Será eso lo que persigue el Gobierno?
En materia de migraciones, el proyecto de reforma constitucional busca ampliar de cinco días a seis meses el plazo máximo en el cual el Estado puede detener a un migrante mientras gestiona su expulsión. De aprobarse esta norma, el Mensaje no considera el problema carcelario que se enfrentará. La privación de libertad no puede hacerse sino en cárceles o lugares públicos destinados a ese objeto. El Mensaje no innova en esto. La detención que duraba hasta cinco días podía hacerse en cuarteles policiales, pero cuando se trate de varios meses, eso exigirá de espacios en cárceles. Estos espacios deben ser segregados, pues nadie les ha imputado a esos migrantes un delito. Deberán habilitarse lugares para niños, pues, de otra manera, por reunificación familiar, no se podrá expulsar solo a los padres. Si se deja libres a los niños, habrá que volver a ubicarlos para que viajen con sus padres, lo que ya sabemos no resulta fácil. Alojar a esos migrantes y a sus hijos en cárceles tendrá un alto costo financiero, del que el proyecto no se hace cargo, como tampoco aborda la cuestión de las plazas carcelarias que no podrán destinarse a personas que han cometido delitos para encerrar a los migrantes detenidos. Se estirarán las sábanas para cubrir a migrantes y se hará aún más insuficiente un instrumento esencial para enfrentar la delincuencia. ¿Valdrá la pena?