En una columna publicada en El Mercurio, el académico de número y el exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry Arrau cuestionan las reformas impulsadas por el Gobierno y el Congreso al sistema de nombramiento de jueces en Chile.
El anterior y el actual gobierno, así como el Congreso, impulsan reformas en materia de nombramiento de jueces. No cabe sino aplaudir. Los hechos que investiga la justicia penal respecto de algunos de quienes ejercían la judicatura han dañado el prestigio y la credibilidad en que descansa la autoridad de ese poder del Estado.
Las conductas reprochables se imputan a ministros de Corte. Sin embargo, los proyectos se proponen hacer reformas muy significativas en la designación de jueces de instancia, incorporando un cuerpo único de nombramiento para todos los magistrados del país. Un experimento así, ajeno a nuestra tradición, y que ha dado malos resultados en la mayor parte de los países que lo han experimentado, tiene, al menos, cuatro problemas que amenazan con dejar las cosas peor.
En primer lugar, su excesiva centralización. El proyecto asume erradamente que un mismo ente será capaz de entender el juez que conviene a cada uno de los juzgados a lo largo del país, cualquiera sea su especialidad. En cuanto el consejo deberá, además, designar a los ministros de Corte de Apelaciones, el proyecto asume que jueces de instancia que no han ejercido en esas cortes serán los más aptos para discernir las competencias y habilidades que se requieren en segunda instancia.