En su columna de El Mercurio, el académico de número electo analiza el problema fiscal de Chile y las dificultades para enfrentar el aumento de la deuda pública.
Olvidemos, por un momento, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. Hace pocas semanas, el FMI proyectó que con los ritmos actuales de crecimiento del país y de ingresos y gastos públicos, el límite de deuda de 45% que el país se ha fijado se superará en 2028 y en 2031 alcanzará un 49,2%.
Una forma de evitarlo es reducir gastos. Hay espacio para ello. Algunos ejemplos: un 18% de las personas que reciben la gratuidad universitaria pertenecerían a grupos de ingreso que no son parte de los beneficiarios. Un 22% de los receptores del subsidio único familiar automático no son el grupo objetivo de esta transferencia monetaria. Ser un receptor extiende automáticamente el acceso a otros programas como el aporte familiar permanente (ex bono marzo). Muchos otros programas sociales, incluida la PGU, tienen esas filtraciones (los datos vienen de Casen 2024).
Otros programas tienen problemas de otra naturaleza, incluso incumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñados. Revisarlos permanentemente es una obligación, más en tiempos de estrechez fiscal. Pero estamos viendo que es complejo avanzar por esta vía.